Los funcionarios piden ya a Sánchez una subida de sueldos para contrarrestar la inflación del 3,3%

Pedro Sánchez ha abierto la caja del gasto. Lo ha hecho con la reforma de las pensiones y lo ha argumentado con el salario mínimo interprofesional (SMI). Y será muy difícil que ya la pueda cerrar. Los siguientes en pedir un salvoconducto para evitar el mordisco de la inflación son los funcionarios: piden subida salarial ante el IPC, refuerzo de plantillas, promoción interna, mantenimiento de las clases pasivas y mejora de la jubilación. Justo cuando la UE pide a España un plan creíble de su control fiscal como condición para seguir enviando el rescate europeo frente al COVID.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han mantenido ya una reunión con la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán. Lo ha hecho esta semana y su objetivo no ha sido otro que marcar prioridades en el nuevo curso político y retomar la negociación sobre condiciones laborales del conjunto de empleados públicos, tras el traspaso de esta competencia al Ministerio de Hacienda.

CSIF confirma que ha trasladado a la nueva secretaria de Estado su “colaboración y disposición para alcanzar acuerdos que reconozcan la labor fundamental de los empleados públicos durante esta pandemia y permitan mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos”. En este sentido, la secretaria de Estado se ha comprometido con CSIF a fijar de manera inminente un calendario de negociación. Pero en esa negociación habrá otro punto importante.

De cara a la inminente negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, CSIF defiende un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010, que previsiblemente se verá agravada este año como consecuencia del incremento de los precios. Y es que la inflación no deja de crecer y escala ya hasta el 3,3%.

Seguridad jurídica

En el ámbito de las plantillas, CSIF asegura que “velará por la seguridad jurídica del proyecto de Ley para reducir la temporalidad en el empleo público que iniciará estos días su trámite en el Congreso de los Diputados”. Además, exige que se elimine la tasa de reposición de las ofertas de empleo público para que las administraciones públicas puedan reforzar sus plantillas más allá de las jubilaciones. Y todo ello exigirá más fondos presupuestarios. Justo aquéllos que Sánchez no tiene tras haber cosechado un déficit de 123.000 millones de euros en 2020 y tener una previsión de más de 100.000 millones para 2021.

Desde CSIF señalan que “el envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el empleo creado ya está destruyendo miles de plazas, tanto en la Administración del Estado como en las comunidades autónomas donde se está ya prescindiendo de contratos de refuerzo por el COVID en la Educación y la Sanidad”.

CSIF, de hecho, también exigirá el mantenimiento de las clases pasivas y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de las condiciones laborales en cuestiones como la promoción interna, impulsar la movilidad voluntaria o la regulación de la carrera profesional y el impulso definitivo de la Ley de Cuerpos en el ámbito penitenciario.

Sánchez ya ha anunciado la actualización con el IPC de las pensiones. Ha asegurado que las empresas deben elevar el SMI por el encarecimiento de la vida. Y esos argumentos dejan ahora entre la espada y la pared al Gobierno frente a las exigencias de los funcionarios.